EDITORIAL Director: Dr. LUIS VALLADARES

     La reiterada costumbre de algunos funcionarios públicos de colocar a todos bajo sospecha cuando se tratan temas en los que tienen alguna vinculación las cooperativas y las mutuales, se reedita en el texto de la Ley de Reforma Laboral.
     Parece que la ineptitud para legislar -por la existencia de varios anteproyectos de ley que no han sido tratados, referidos a las cooperativas de trabajo- y también para ejercer un control eficiente a fin de erradicar las malas prácticas, se canaliza a través de la generalización.
     Es así que la ley que nos ocupa, dispone "habilitar a los servicios de inspección de trabajo, para ejercer el contralor de las cooperativas de trabajo, a fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales en relación con los trabajadores dependientes a su servicio, así como a los socios que se desempeñaren en fraude a la ley laboral". Y agrega, "las cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de provisión de servicios propios de las agencias de colocación". En este último caso, se reitera el concepto expresado en el decreto 2015/94.
     Cuando el texto de una ley cuyo alcance o disposición tiene características ambiguas o se presta a varias interpretaciones, recurrimos al espíritu del legislador al momento de su redacción y/o aprobación. De allí suele surgir más claramente, la intencionalidad que inspiró a quienes tienen la responsabilidad de legislar.
     En la ley que nos ocupa, no es necesario recurrir a tal auxilio, ya que es clara la animosidad que el "espíritu", intención y decisión de quienes redactaron y luego aprobaron el texto, han tenido para con las Cooperativas de Trabajo. El procedimiento adoptado para la incorporación del artículo 4º, como su contenido, constituyen una clara violación al estado de derecho. La nueva interpretación del socio de una cooperativa de trabajo, es que se trata en todos los casos de empleados encubiertos.
Otro asunto curioso, es la clara disposición de sus responsables para contrariar lo dispuesto por la Constitución de la Nación, como también la encendida defensa -nada menos que a través de una prohibición- de los intereses de las empresas no cooperativas que se dedican al negocio de las "agencias de colocación".
     Así, el cooperativismo de trabajo es considerado una competencia no deseada y temida por quienes hacen de intermediarios de los trabajadores, entre éstos y las empresas. Y no sólo eso, la nueva ley les garantiza el monopolio del ejercicio de la actividad a las agencias de colocaciones. En un mercado que se promueve mediante el presunto "virtuosismo" de la libre competencia, hay sectores que no quieren tener competidores. Como también, hay personeros que obedecen sus "pedidos", olvidándose de sus obligaciones, de que son representantes del pueblo, o tal vez motivados por algunas otras cosas inconfesables.
     No se puede entender de otra manera que en nuestro país, a pesar del transcurso de tantas experiencias diferentes, en materia política, económica y social, no se logre afianzar una legislación estable; un sistema político estable -a excepción de los últimos 17 años-; pero sin embargo perdura el plan económico destinado a ser cumplido por todos los gobiernos que se sucedan luego de la firma del convenio con la O.M.C. en 1994, que desnaturaliza el concepto esencial de "la economía al servicio de la gente", por el de la gente al servicio de la economía. Salvo que exista la voluntad patriótica de derogar la Ley 24.425, o proteger los intereses de las empresas radicadas en nuestro país, priorizando el interés nacional y que en el marco de tal compromiso se apliquen políticas sociales efectivas y en serio.
     Parece que las autoridades elegidas por nosotros y sus designados, tienen el común denominador de ser insensibles al "interés común" de la "gente común". Y esto no es de ahora, sino que tiene antecedentes de muchos años.
     De otra manera, resulta muy difícil entender que no sea posible resolver los problemas sociales. Peor aún, se sigue en la misma línea de confrontar con el bienestar general.
     No obstante existe una instancia que desde esta columna peticionamos haciendo uso del derecho que tiene todo ciudadano, aunque hubiésemos preferido no utilizar este recurso, pues ello hubiese significado la ausencia de motivos para hacerlo, pero es necesario solicitar "el veto del artículo 4º por parte del Poder Ejecutivo Nacional".
     Sólo nos queda la esperanza de que el señor Presidente de la Nación y quienes deben tomar parte en este asunto, resuelvan esta cuestión de la manera expuesta en el párrafo anterior, al efecto de evitar una injusticia más en contra -en este caso de las Cooperativas de Trabajo- que es lo mismo que decir en contra de la gente que trabaja gracias a su propia iniciativa, esfuerzos y riesgos. Porque ya sabemos lo mal que la están pasando los desocupados. Porque conocimos a las industrias que han desaparecido. Porque se llama inversión extranjera a la compra de las empresas, que habiendo sido argentinas generaban utilidades.      Porque en lugar de crear nuevas fuentes de trabajo con las nuevas inversiones, se optó por la reducción de las mismas. Porque conocemos en persona a muchos desocupados, profesionales, no profesionales y trabajadores en general. Porque el pueblo tiene tanta entereza que sigue soportando a fuerza de aguantar el dolor, todos los atropellos de los últimos 10 años.
     Hacemos un llamado a la reflexión, para lograr una decisión fundada en la sensibilidad humana. Nada más que eso. Señores funcionarios: esta es una oportunidad para dar pruebas de que les interesa el bienestar de la gente. Piensen que vuestra situación privilegiada los obliga a dar respuestas al sufrimiento de la población que los ha elegido.
     Sarmiento, refiriéndose irónicamente a nuestra Carta Magna dijo, "¿La Constitución? ¡Ah!, es ese librito que está por ahí..."
     Nosotros pedimos que no piensen que el pueblo, es "¿El pueblo? ¡Ah! Es esa gente que anda por ahí..."