EDITORIAL Director: Dr. LUIS VALLADARES

      Es de público conocimiento el aporte que realizan a la comunidad las 5.000 Cooperativas que están en actividad en nuestro país. Sin embargo, en general son reacias a difundir lo que las mismas realizan respecto de sus propias actividades, que son de las más diversas características y con un gran contenido social.
      En numerosos casos, su actividad tiene mayor importancia para la población, que las acciones de los propios municipios, por su inserción social y por el tipo de servicios que brindan en forma directa a los beneficiarios.
      Debemos destacar también, que en forma casi permanentemente, desde la letra de las leyes, decretos y resoluciones, hasta las palabras que forman parte de los discursos de los funcionarios públicos, se ha expresado la voluntad de apoyar, fomentar y fortalecer el desarrollo de las Cooperativas.
      Resulta paradójico, que a esas expresiones escritas y orales, les correspondan medidas de exclusión en la participación de muchos servicios que pueden brindar estas entidades.
      Cuando se trata de los servicios públicos, está muy claro que están reservados para que los exploten los grandes capitales concentrados con fines de lucro, si hasta los capitales extranjeros tienen prioridad por sobre las Cooperativas.
      En el caso de la generación de energía eléctrica - las cooperativas de electricidad pasaron de ser productoras, a realizar tareas de distribución y mantenimiento de redes, y sus grandes generadores de energía permanecen paralizados -.
      El caso de las que brindan el servicio de telefonía, que aún suministran el servicio en numerosas localidades del interior de nuestro país, cuando deciden participar en una licitación pública para la explotación de servicios afines, se ven obligadas a formar sociedades anónimas porque no son aceptadas como Cooperativas.
      Cuando se trata de beneficios que se otorgan a las PyMEs, siendo la mayoría de las Cooperativas pequeñas y medianas empresas, no son consideradas con la denominación mencionada ni por su status jurídico.
      Para obtener una licencia de radiodifusión debe tener la condición de ser una persona física o una sociedad comercial, con lo que las Cooperativas como cualquier otra entidad sin fines de lucro, están excluidas, o mejor dicho, tienen prohibido brindar este servicio.
      Y todas las Cooperativas de trabajo, están bajo sospecha de ser evasoras de los aportes previsionales, cuando se sabe públicamente la gran evasión que se comete en cualquier tipo de sociedad lucrativa y que precisamente no es exclusiva ni atribuible solamente a las Cooperativas. Sin embargo, rige el decreto 2015/94, que les impone restricciones partiendo del supuesto de que son todas evasoras.
      Si de seguros o de servicios financieros se trata, las condiciones impuestas por los organismos competentes están hechas a la medida de los grandes capitales corporativos, con lo cual, las Cooperativas no están con posibilidades de poder cumplir con semejantes exigencias, quedando también en estos rubros, fuera del mercado que tantas veces, por no decir todos los días, se lo califica con un eufemismo - para este caso - que es la palabra "libre". Libre para algunos, pero no para todos. Un concepto de libertad restringida que no puede figurar con esa acepción en ningún diccionario que se precie de tal.
      Estimamos que estamos ante, por lo menos, tres situaciones que se impone que sean debidamente definidas y aclaradas, si verdaderamente queremos que nuestro país esté algún día, a la altura de los países desarrollados, por lo menos en esta materia, ya que en el nivel social en general, tenemos claro que estamos muy lejos de ellos. Por más que desde las tribunas políticas se haya intentado engañarnos.
      Y las situaciones a ser definidas son: 1) ¿Está decidido eliminar a las Cooperativas? Pues manifiéstenlo. 2) ¿La figura jurídica de las Cooperativas, ofrece imperfecciones que le impiden acceder a determinadas actividades? Pues perfeccionémoslas. 3) ¿Seguiremos recibiendo un doble discurso? Institucionalicemos la hipocresía con claridad.
      Probablemente correspondan en este caso, muchos otros cuestionamientos. Pero si verdaderamente existe la voluntad política de que las Cooperativas sigan cumpliendo sus objetivos con la intención de beneficiar a la comunidad, en estos tiempos tan difíciles, pues pongamos manos a la obra para resolver cada una de las restricciones que padecen y no perdamos más tiempo, ni dinero, ni esfuerzos estériles.
      El sistema cooperativo, que actúa con una base doctrinaria centenaria y que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz, capaz de lograr el desarrollo económico y social en los países más desarrollados del mundo; en nuestro país, debe ocupar el lugar que legítimamente le corresponde.             Porque no debemos olvidar que son sociedades de personas y en un país que se destacó siempre por aceptar a todos los ciudadanos del mundo, resulta que en este sector, se está excluyendo y discriminando a los argentinos que son miembros de esas instituciones. No podemos seguir así, porque permanentemente se está vulnerando el derecho de igualdad ante la ley.