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VIE 31 de OCT de 2014
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Enero 2009
 
 

¿Error de tipeo o de concepto?

Por el Dr. Luis Valladares


En los ámbitos administrativos, cuando se cometen errores que denotan graves falencias conceptuales de los responsables, suelen ser atribuidos a “errores de tipeo”.

De esta manera, y eludiendo toda responsabilidad, quienes firmaron el documento, en lugar de hacerse cargo, le adjudican las barbaridades que firman a quienes no tienen la obligación de conocer todas las disciplinas que se expresan en los textos, que naturalmente, les son dictados o son copiados de otras partes. Antes eran los dactilógrafos/as, ahora es un operador/a de computadora.

 

Es cierto que hay errores que no cambian el mundo, y ni siquiera a una pequeña parte del mismo, pero denotan la pobreza intelectual de quienes los suscriben, que por la jerarquía de sus cargos, por lo menos debieran haber tenido la mínima inquietud de haberse ilustrado al efecto.

 

La Resolución N° 115/88 del ex INAM, expresa que los libros sociales obligatorios que deben llevar las mutuales son d) Actos de Asambleas; e) Actos de Consejo Directivo; f) Actos de Reuniones de Junta Fiscalizadora.

 

Han transcurrido 20 años desde que se firmó dicha resolución, sin embargo y pese a haber pasado muchos profesionales por el Instituto que luego fue llamado INACyM y actualmente INAES, y es justo reconocer, que también pasaron funcionarios que solamente sabían leer y escribir, además de tener alguna habilidad que no los honraba precisamente, parece que a nadie le ha llamado la atención que en lugar de “Actos” debiera decir “Actas”. No queremos imaginar lo que serían las actas de las asambleas si existiera la obligación de consignar los “actos” ocurridos en las mismas…

 

Y tratando de constatar si tal cuestión había sido subsanada con posterioridad, encontramos que la Resolución 1151/02, expresa en su artículo 5°, “El Instituto Nacional de Asociativismo y Económica Social…” Esto también habrá sido un “error de tipeo”, que pese a tratarse nada menos que del nombre del Instituto, pasó inadvertido para sus firmantes.

 

Por suerte no tenemos tiempo para buscar errores ni es nuestra vocación, y los señalados fueron hallados por casualidad, porque en realidad estamos trabajando en la nueva edición de “Legislación Mutual”, pero ello nos impulsa a decir: “señores funcionarios, sean más prolijos…”

Claro que mucho más importantes, y en algunos casos hasta realmente graves, son algunos aspectos que presenta la legislación que regula a las Mutuales, porque lisa y llanamente transfieren las responsabilidades y facultades que les otorga la Constitución Nacional a las instituciones de la república y que no tienen explicación, al menos a nuestra vista de simples ciudadanos.

 

Nos referimos a la delegación de facultades realizada por el Congreso de la Nación Argentina a favor del organismo de contralor a través de la Ley 20.321 que expresa: “Artículo 1º.- Las asociaciones mutuales se regirán en  todo  el territorio de la Nación por las disposiciones de la presente  ley y  por las normas que dicte el Instituto Nacional de Acción Mutual.” De este modo, y grotescamente, el Poder Legislativo faculta a desempeñar su propia función, a un organismo que forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Claro que si nos ocupamos de las delegaciones de responsabilidades e incumbencias en general, el Poder Legislativo ha dado abundantes muestras de su particular desempeño en ese sentido, delegando sus propias atribuciones al Poder Ejecutivo, con lo que distorsiona las funciones de los poderes de la república.

 

A esta altura, usted señor lector, tiene todo el derecho a pensar que por la habitualidad con que se cometen estos hechos, lo señalado puntualmente en la primera parte casi no tiene relevancia, a lo que hay que agregar otras transgresiones realizadas por algunos integrantes que forman parte de alguno de los tres Poderes del Estado. De ser así, convengamos que ese pensamiento tiene implícita la aceptación de los males menores frente a cuestiones que realmente son vergonzosas que ocurran en un país que cuenta con las instituciones de una república, y que tiene todos los elementos necesarios para que sus habitantes puedan ejercer sus derechos en democracia, aunque lamentablemente esto tampoco pueda ser practicado en plenitud.

 

Pero si aceptamos todo porque hay cosas peores, no podremos resolver nunca ni las mayores anomalías ni las pequeñas, que en definitiva, en la suma, pueden tener tanta importancia o más. Porque resolviendo los pequeños problemas, también suelen encontrarse las soluciones para los grandes desvíos.

 

Cabe también una pregunta, ¿a quién le interesa resolver las pequeñas cosas? cuando existen problemas tan graves como la pobreza; la desocupación; la sequía; el default; la inflación; la inseguridad; el tráfico de drogas; la crisis financiera internacional, etc.

 

Pensamos que la mayoría del pueblo argentino desea que se resuelvan los pequeños y los grandes problemas. Y como ocurre siempre, también habrá una pequeña minoría que se beneficia cuando los problemas son mayores.

 

La indolencia de los actores sumada a la permisividad de los que debieran exigir el cumplimiento de las normas da como resultado un deterioro difícil de ser reparado.

 

 
 
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